Los propietarios de viviendas han recibido recientemente dos novedades relevantes que alivian parte de las obligaciones fiscales y administrativas que afectan al sector inmobiliario.

Aquellos propietarios que sufran impagos o la ocupación de una vivienda podrán reducir en determinados casos el impacto fiscal de estas situaciones. Además, el Tribunal Supremo ha anulado el Registro Único estatal de alquileres de corta duración, eliminando una carga administrativa para los arrendadores.

Por un lado, la normativa del IRPF permite reducir el impacto fiscal de los alquileres impagados y de las viviendas ocupadas ilegalmente. Aunque, las rentas de alquiler deben declararse aunque no se hayan cobrado, los propietarios pueden deducir los importes considerados de dudoso cobro cuando se cumplan determinados requisitos legales. Además, cuando una vivienda ha sido ocupada y existe un procedimiento judicial o una denuncia para recuperar su posesión, deja de ser obligatorio imputar rentas inmobiliarias por ese inmueble mientras dure la situación.

Puntos clave sobre alquileres impagados y viviendas ocupadas

• Las rentas impagadas pueden deducirse como saldos de dudoso cobro si se cumplen los requisitos legales.
• Los gastos derivados de reclamaciones judiciales pueden ser deducibles.
• Las viviendas ocupadas pueden dejar de generar imputación de rentas en el IRPF.
• Es necesario acreditar documentalmente la situación ante la Administración Tributaria.

Stoica Adrian. (s. f.). Moving boxes in empty room [Fotografía]. Canva @stoica-adrians-images

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha anulado el Registro Único estatal de arrendamientos de corta duración, que obligaba a los propietarios de viviendas turísticas y alquileres temporales a inscribirse en una base de datos nacional. La sentencia considera que esta obligación invadía competencias autonómicas y generaba una duplicidad respecto a los registros ya existentes en muchas comunidades autónomas.

Puntos clave sobre los alquileres de corta duración

• Desaparece la obligación de obtener un número de registro estatal.
• Se elimina un trámite administrativo para los propietarios.
• Se mantienen las obligaciones y registros exigidos por las comunidades autónomas.
• Continúan los sistemas de control e intercambio de información con las plataformas digitales.

En conjunto, ambas novedades representan un alivio para los propietarios, ya sea reduciendo la tributación en situaciones de impago u ocupación o eliminando cargas administrativas en los alquileres de corta duración, sin renunciar a los mecanismos de control y seguridad jurídica existentes.